A- de 2022

Conflicto de jurisdicciones suscitado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina, Nariño, y el Resguardo Indígena de Guachucal, Nariño.

La controversia entre las precitadas autoridades tuvo su origen en un proceso penal adelantado en contra de un ciudadano indígena, por la presunta comisión del delito de extorsión agravada.

Al adelantar el ejercicio de ponderación requerido para la activación de la jurisdicción especial indígena, la Corte encuentra que, en el caso objeto de estudio se acreditaron los factores personal y territorial, sin embargo, en lo que respecta al factor objetivo, la Corte encontró que los bienes jurídicos afectados conciernen tanto a la comunidad indígena como a la sociedad mayoritaria, por lo que este elemento no define por si solo una solución específica.

En lo atinente al factor institucional, la Sala precisó que este tenía que ser evaluado a partir de las características del ilícito y de la no pertenencia de la víctima al resguardo indígena.

De ese modo, aunque la comunidad expresó su voluntad para asumir el conocimiento de la causa penal y demostró la existencia de autoridades y procedimientos encausados para el efecto, no acreditó la existencia de garantías efectivas para la satisfacción plena de los derechos de la víctima, quien no pertenece al Resguardo Indígena de Guachucal.

Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional remitió el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Ospina (Nariño) para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Resguardo Indígena de Guachucal (Nariño) y a los sujetos procesales e interesados dentro del trámite judicial correspondiente.